El Gobierno de mi país (GE) aprobó ayer un Real Decreto (RD) que tiene por objeto garantizar los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público así como del resto de organismos vinculados directa o indirectamente al mismo. Este Real Decreto, aprobado a propuesta de los Ministerios de Política Territorial y Función Pública, Economía y Empresa, Sanidad, Consumo y Bienestar Social, traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. Tiene como objetivo permitir que la ciudadanía tenga un acceso más amplio a los servicios del sector público, así como garantizar la igualdad y no discriminación en el acceso de todos los usuarios, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores.
Va a tener un impacto positivo en materia de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, con la eliminación de barreras que facilitará y garantizará el ejercicio de su derecho al acceso a las tecnologías, así como su derecho a relacionarse con las Administraciones públicas (AAPP). Asimismo, facilitará que las personas mayores con posibles limitaciones físicas derivadas de la edad (dificultades de visión, distinción de colores, dificultades de audición o de movilidad, entre otras) puedan hacer un mejor uso de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público. De este modo se garantiza el ejercicio del derecho de toda la población al acceso a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, así como el derecho a relacionarse con las Administraciones públicas a través de estos medios.
El RD establece los siguientes avances en materia de accesibilidad: aproxima las webs y aplicaciones móviles desarrolladas por las AAPP a los requisitos de accesibilidad exigidos en la UE; establece un mecanismo para que los usuarios puedan comunicar al organismo público cualquier incumplimiento de los requisitos de accesibilidad establecidos; permite solicitar a las personas interesadas la información sobre contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación o exentos del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad; recoge las previsiones para realizar un seguimiento periódico de la implantación mediante gestión descentralizada[1]; extiende la aplicación de los requisitos de accesibilidad web a los portales que reciben financiación pública para su mantenimiento y los que proveen servicios públicos mediante algún régimen contractual con las AAPP. Fuente de la información: GE. Fuente de la imagen: pixabay.
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[1] Para ello, se crea la "Unidad responsable de accesibilidad" que será la encargada de coordinar y hacer efectivas las previsiones, y actuará de canalizadora de la información hacia el organismo encargado del seguimiento y presentación de informes.
