Andan los empresarios españoles desorientados y preocupados respecto a la aplicación de la normativa sobre protección de datos personales –LOPD- (leído en la pág. 41 de elEconomista de 22/02/08), y no es para menos, ya que la auditoría interna o externa, los plazos de cancelación de los datos y, sobre todo, el incremento de las sanciones impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos y los morrocotudos costes económicos que traslucen la agregación de las novedades en materia de seguridad, generan vacilación y ansiedad.
