Por fin, después de más de dos años de espera, el pasado veintiuno de diciembre el Consejo de Ministros de España aprobó el Reglamento de Protección de Datos (leído en elEconomista del 26/12/07), santificando concluyentemente que el derecho a los ciudadanos a un considerado uso de sus datos de carácter personal reincide sobre los lomos de las empresas españolas, las cuales convendrán en mudar de aires sus organizaciones administrativas si no aspiran a ser enérgicamente sancionadas, ya que de la lectura del texto se deducen estrictas medidas de acceso a los datos digitales y en papel.
